La Fiesta de la Longaniza se ha convertido en la principal celebración pública de Chillán. Es una instancia que convoca a miles de personas, dinamiza el comercio, proyecta la identidad local y ofrece una oportunidad relevante para mostrar la ciudad.
Precisamente por esa importancia, no puede convertirse en un territorio donde la capacidad de fiscalización del Estado termine siendo superada por la presión de quienes pretenden instalarse al margen de las reglas. Por eso, la decisión de las autoridades de aplicar una política de tolerancia cero frente al comercio ilegal durante la celebración de este año es una señal necesaria.
No se trata de perseguir al comerciante ambulante por el solo hecho de serlo, sino de hacer respetar las normas, proteger a quienes cumplen con ellas y asegurar que un evento masivo pueda desarrollarse con orden y seguridad. El antecedente del año pasado es suficientemente elocuente.
La instalación de los denominados “toldos azules” en distintos puntos del centro generó controversia, dificultades para ordenar los espacios públicos y, finalmente, una imagen poco favorable de la ciudad. A ello se sumó la suciedad que quedó en las calles después de la actividad.
Fuente original: La Discusión
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