Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el pago de subsidios de arriendo destinados a familias. Las cuales están vinculadas al Programa de Integración Urbana de Campamentos, iniciativa administrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La revisión consideró operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026, período en el que el organismo fiscalizador identificó desembolsos asociados a personas fallecidas. Además de contratos de arriendo con familiares y otros pagos que no se ajustaban a las condiciones del programa. En total, los casos observados por Contraloría involucran más de $239 millones en recursos públicos.
Los cuales fueron posteriormente confirmados, con la información levantada mientras se llevaba a cabo el trabajo de verificación. Uno de los principales hallazgos corresponde a 168 beneficiarios que se encontraban fallecidos y que continuaban asociados al subsidio de arriendo. Según la auditoría, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo llegó a tardar hasta 1.133 días en regularizar los contratos relacionados con estos casos.
Esta situación fue asociada por Contraloría a un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553. El programa cuenta, además,
Fuente original: El Contraste
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