Los últimos días de agosto han puesto a Martín Arrau en el centro de una tormenta política que excede con mucho el debate técnico sobre seguridad.
El ministro de Seguridad Pública y exintendente de Ñuble enfrenta cuestionamientos desde sectores de oposición, pero también desde parlamentarios de su propio sector, a propósito de la reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción para enfrentar alteraciones graves de la seguridad pública.
La propuesta, que el Gobierno presentó como una herramienta para responder a zonas dominadas por organizaciones criminales, terminó convirtiéndose en el primer gran traspié político de Arrau desde que asumió la cartera. Las críticas se concentran en las atribuciones que recibiría el Ejecutivo, la duración inicial de la medida -240 días-, los mecanismos de control y la posibilidad de afectar derechos fundamentales.
El concepto más duro llegó desde el mundo académico. Constitucionalistas como Arturo Fontaine y Javier Couso advirtieron sobre el riesgo de una suerte de “dictadura constitucional”. Arrau ha respondido que esa caracterización no se condice con el texto y ha acusado una campaña de desinformación. “Yo no veo de dónde ciertos políticos, periodistas, doctores en derecho y
Fuente original: La Discusión
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